Art. 47.1.
Constitución Española.
“Todos los españoles
tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes
públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas
pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del
suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.”
El predominio de la lógica de la
oferta y la demanda para la provisión de la vivienda ha convertido un bien de
primera necesidad en un objeto de intercambio sujeto a la persecución de los
beneficios obtenidos por la práctica de la especulación. Este escenario y el
exceso de viviendas construidas choca inexorablemente con las grandes
dificultades que sufren las familias para convertir en realidad su derecho a la
vivienda.
La existencia de más de
5.000 viviendas vacías, y la necesidad de limitar un crecimiento innecesario de
nuestra ciudad, nos sitúa frente a la rehabilitación como la mejor opción para
conciliar las demandas del sector de la construcción con la satisfacción de las
necesidades de los emeritenses en materia de vivienda. Cualquier otra
consideración se nos antoja socialmente inviable y económicamente ineficiente.
La vivienda es tu derecho.
Estableceremos
un servicio municipal
de intermediación y asistencia jurídica para garantizar los derechos de las
personas afectadas por procedimientos de desahucio, frente a bancas, cajas de
ahorro y administraciones públicas, en su caso.
Daremos
prioridad a las medidas dirigidas a la
rehabilitación sobre la construcción de vivienda nueva.
Potenciaremos
la construcción de viviendas en vertical para evitar una extensificación
innecesaria de la ciudad.
Impediremos
la construcción de promociones de viviendas que se encuentren desvinculadas del
entramado urbano de la ciudad.
Desarrollaremos
programas de divulgación de las ayudas a la rehabilitación y al alquiler de
otras administraciones públicas.
Crearemos una inmobiliaria municipal para la
construcción de
un parque de viviendas públicas destinadas a su utilización en régimen de alquiler para
jóvenes y sectores de población de rentas bajas y medias.
Facilitaremos viviendas de protección oficial
con contratos de carácter vitalicio, destinados a los mayores, cuya
adjudicación y precio de alquiler se determinará en función de los ingresos o
patrimonio de los adjudicatarios.
Aumentaremos
la presión fiscal sobre la propiedad de más de una vivienda en el municipio de
Mérida cuando éstas se encuentren desocupadas, con arreglo a la legislación
vigente, para procurar el fomento del alquiler o su introducción en el mercado
inmobiliario para su venta.
Crearemos
una oficina municipal para la protección de los derechos y asesoramiento legal
de arrendadores y arrendatarios de viviendas dedicadas al uso residencial, así
como de aquellos que adquieran una vivienda en régimen de propiedad.
Impediremos
la venta de patrimonio público de suelo.
Destinaremos
el 2% del presupuesto municipal aumentar el patrimonio público de suelo, y
destinarlo a las necesidades y finalidades reflejadas en este programa.
Exigiremos
la construcción de locales comerciales en todas las promociones públicas de
viviendas que se lleven a cabo en nuestra ciudad.
Realizaremos un catálogo de inmuebles de propiedad
municipal en que constará su disponibilidad, usos y estado de conservación.
Crearemos un inventario que contenga el número, características y
ubicación del conjunto de los bienes que conforman el mobiliario urbano
municipal para mejorar su gestión,
adquisición y compra.
IU, contra la especulación.
Penalizaremos la
especulación a través de incrementos de los tipos a aplicar en el impuesto de
plusvalía en las enajenaciones que se produzcan en los primeros años de
tenencia de la propiedad.
Impediremos la recalificación de terreno
industrial en usos residenciales.
Crearemos
una inmobiliaria municipal para la promoción de la vivienda pública de
protección oficial y realización de programas de rehabilitación de viviendas.
Llevaremos
a cabo la devolución a las administraciones públicas de todos los inmuebles de
protección oficial cuyo uso por su propietario incumpla los términos legales
que motivaron su adjudicación.
Crearemos
un impuesto que grave los inmuebles vacíos de nueva construcción con una
antigüedad superior a los dos años, a partir de 2011, para evitar la
especulación inmobiliaria.
Estableceremos
recargos en el IBI sobre la propiedad de solares vacíos en función del tiempo
de retención del bien.
Crearemos
un censo de viviendas vacías para valorar la situación del sector y la
detección de necesidades de la población.
Pondremos en marcha
un plan de fomento de la autoconstrucción o constitución de cooperativas de
viviendas, mediante la creación de una línea de ayudas a fondo perdido y la
cesión de suelo público para la realización de este tipo de iniciativas en
colaboración con otras administraciones públicas
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