Art.
31.1. Constitución Española.
“Todos contribuirán al
sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica
mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y
progresividad...”
El continuo deterioro de las cuentas municipales tiene una de sus causas
en el sistema de financiación local que margina a los Ayuntamiento en la
asignación de los recursos públicos e impide el cumplimiento efectivo de las
competencias que la legislación atribuye a los entes locales.
Si bien lo anterior excede las competencias de nuestro municipio, también
es cierto que la situación del balance de ingresos y gastos del Ayuntamiento de
Mérida es consecuencia de una política impuesta por el Gobierno de la Nación,
reproducida sin complejos por el gobierno de Pedro Acedo, en la que la obsesión
del control del déficit ha transformado los objetivos de las políticas públicas
en un mero instrumento de control del gasto, más allá de otras consideraciones
como la prestación de servicios públicos de calidad o la atención a los más
necesitados, y esto, en el marco de la
mayor crisis económica, social y política del capitalismo español.
Un diseño irresponsable de los impuestos municipales y la privatización
del sector públicos municipal son las señas de identidad de la filosofía
practicada por el Partido Popuar en la gestión de las cuentas de nuestro
Ayuntamiento.
El resultado se muestra como una evidencia a largo de toda la
legislatura: el aumento indiscriminado de las impuestos y tasas municipales, y
el control por parte de empresas privadas de la gestión de servicios públicos
esenciales para la comunidad, sin control sobre el resultado de la gestión o
las decisiones adoptadas. El deterioro de la calidad de los servicios públicos,
el aumento del coste, y el emperamiento de las condiciones laborales de los
trabajadores han sido algunas de las constantes sobre el resultado de este
modelo de privatización de los servicios públicos por parte del PP.
El mensaje ímplicito del modelo impuesto por el Partido Popular puede
resumirse del siguiente modo: la única manera de garantizar la gestión de los
servicios públicos pasa por la necesidad de que lo gestionen otros, y no el PP.
Frente a este situación, la
defensa del sector público, la intensificación de las funciones de control e
inspección de la gestión de las empresas que gestionan los servcios públicos
privatizados, la devolución de las competencias que no son propias del
municipio, la lucha contra el fraude y un marco fiscal sostenido sobre el
principio de la proporcionalidad para que paguen más los que más tienen, son
algunos de los aspectos centrales de las orientaciones sobre las que Izquierda
Unida pretende construir otra forma de entender los gastos e ingresos que debe
generar el Ayuntamiento de Mérida.
Por un modelo más justo y
participativo.
Llevaremos a
cabo una auditoría de las deudas contraídas y los principales
gastos realizados por el Ayuntamiento, cualquiera que sea su origen, para
detectar posibles irregularidades, especialmente en materia de contratación
administrativa.
Exigiremos el abono de las deudas contraídas por
otras administraciones con el Ayuntamiento de Mérida.
Potenciaremos
la introducción de mecanismos de participación de los agentes sociales y las
AAVV en la elaboración de los presupuestos municipales.
La mejor gestión del gasto es
evitar el despilfarro.
Elaboraremos
una nueva revisión de la ponencia catastral con el personal municipal vinculado
a este tipo de materias.
Reduciremos
las retribuciones percibidas por el alcalde y los concejales liberados a un
máximo del 10% superior al salario medio de los funcionarios de carrera
municipales que desarrollan sus funciones en puestos para los que sea necesario
disponer de titulación universitaria superior.
Implementaremos
sistemas de compras centralizadas para propiciar el ahorro en la adquisición de
bienes de equipo por parte del Ayuntamiento.
Implantaremos sistemas de software libre en la
administración municipal para evitar los gastos asociados a la adquisición de
licencias informáticas.
Elaboraremos
un catálogo de gastos suntuarios de la Administraciones Públicas, cuya
ejecución esté prohibida, y de un código ético para la aceptación de regalos.
Limitaremos
las partidas presupuestarias destinadas a
publicidad institucional, salvo las dedicadas a la promoción turística
de la ciudad, los programas de sensibilización
social, y las derivadas del cumplimiento de exigencias legales.
Eliminaremos la
publicación de “Boletines Municipales”, que hasta la fecha sólo han servido
como instrumento de propaganda de los distintos gobiernos.
Adecuaremos las
retribuciones de los empleados y empleadas del
Ayuntamiento a las características de los puestos desempeñados.
Los ingresos y la justicia fiscal.
Que paguen más lo que más tienen.
a) Impuesto de
Actividades Económicas. (IAE)
Aumentaremos
el número de
categorías fiscales de las vías públicas que definen la aplicación de los
coeficientes del impuesto de actividades económicas, de cuatro a siete. De este
modo, podremos distinguir con mayor precisión áreas de actividad económica con
diferentes niveles de ingreso, y por tanto discriminar las obligaciones
fiscales en virtud de la capacidad económica.
Utilizaremos el valor catastral medio de los
bienes inmuebles como criterio de clasificación de las distintas calles dentro
de las respectivas categorías fiscales a las que atiende el impuesto de
actividades económicas.
Determinaremos el importe a pagar en cada una de las
áreas en función del valor catastral medio de cada una de ellas.
Limitaremos la extensión temporal de las
exenciones a los mínimos establecidos por la ley para los negocios recién
creados, es decir durante los primeros cinco años.
b) Impuesto de Bienes Inmuebles.
Aprobaremos
una nueva ponencia de
valores que establezca el valor real de tu vivienda a la hora de determinar el
importe que deberás pagar en concepto de IBI
Subiremos el IBI para los inmuebles que, en
cada uno de los siguientes usos catastrales,
superen los valores que mostramos a continuación. Las viviendas quedan
excluidas de este aumento:
1-. Hoteles, con
valor catastral superior a 1.000.000€. Esta medida afectará a las 7 instalaciones
hoteleras con mayor capacidad de negocio.
2-. Oficinas, con
un valor catastral superior a 250.000€.
Esta medida afectará a 50 propietarios, la mayor parte de ellos grandes
empresas, entidades de crédito, aseguradoras y Junta de Extremadura
3-. Industrial, con un valor catastral superior a 250.000€. Esta medida supondrá un
aumento del IBI que deben pagar los 74 propietarios de suelo industrial con
mayor valor catastral de la ciudad.
4-, Comercial, con
valor catastral superior a 150.000€.
Esta subida afectaría a los propietarios de los 140 inmuebles comerciales con
mayor valor, y disminuiría el recibo del IBI a 40 propietarios cuyas
propiedades incluidas en el uso industrial tienen valores catastrales inferiores
a los 150.000€.
Incluiremos los inmuebles con uso catastral
deportivo, como son la Ciudad Deportiva y el Campo de Golf de Don Tello, entre
aquellos a los que les aplicaremos un IBI más elevado.
c) Transporte Urbano.
Estableceremos la gratuidad del servicio de
autobuses urbanos para los miembros de las familias con ingresos menores al
IPREM, y discapacitados.
d) Tasa por la utilización de instalaciones de
titularidad municipal.
Aprobaremos la gratuidad para el uso de
instalaciones deportivas municipales para todas las personas sin empleo
emancipadas, y aquellos de sus familiares -cónyuges e hijos- que carezcan de
trabajo con los que mantenga relación de convivencia en el hogar familar..
Eliminaremos la obligación de pagar esta tasa para
las asociaciones deportivas sin ánimo de lucro domiciliadas en nuestra ciudad.
e) Función Pública.
Izquierda Unida se compromete a adoptar las medidas
necesarias para que los empleados y empleadas municipales recuperen el poder
adquisitivo perdido con las medidas de austeridad adoptadas e impuestas por el
Gobierno central y asumidas por el Gobierno de Pedro Acedo, en función de las
disponibilidades presupuestarias.
Estableceremos la exención de tasas en la Oferta
Publica de Empleo para los desempleados.
Cumpliremos con los cupos de inserción de
personas con discapacidad tanto en las empresas locales como en las
administraciones publicas.
f) Impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica.
Estableceremos
las siguientes bonificaciones en función de las características de los
motores en función de su incidencia contaminante:
a) El 75% de la cuota del
impuesto, durante los cinco primeros años desde la fecha de su matriculación,
los vehículos totalmente eléctricos y los vehículos impulsados exclusivamente
con energía solar.
b) El 60% de la cuota del
impuesto, durante los cinco primeros años desde la fecha de su matriculación
para los vehículos bimodales o híbridos (motor eléctrico-gasolina,
eléctrico-diesel o eléctrico-gas).
c) El 55% de la cuota del
impuesto, durante los cinco primeros años desde la fecha de su matriculación,
para los vehículos que utilicen exclusivamente combustible biogás, gas natural,
gas líquido, metano, metanol, hidrógeno o derivados de aceites vegetales.
Incrementaremos la presión fiscal sobre los
automóviles de gran cilindrada y las motos de más de 1.000 cc, en los términos
establecidos en la Ley de Haciendas Locales.
g) Pago de la zona azul.
Eliminaremos la zona azul de las calles adyacentes
al Hospital.
h) Tasa de recogida de la basura
Devolveremos
la gestión del
servicio al Ayuntamiento para evitar el pago del beneficio industrial a la
empresa concesionaria, reducir el importe de los gastos generales y así
proceder a la disminuición del precio del recibo en función del ahorro obtenido.
i) Tasa sobre el
abastecimiento de agua potable y alcantarillado.
Estableceremos una tarifa social de agua para las
familias en riesgo de exclusión social que no superará el importe de cinco
euros.
Ampliaremos el número de tramos en el pago de la
tasa para vincular el coste del recibo con el nivel real de consumo, con el
objetivo de que pague más el que más
consuma, y evitar el despilfarro en su
consumo.
k) Tasa por la prestación del servicio de ayuda
a domicilio.
Eliminaremos esta tasa para los usuarios y usuarias
que no superen un nivel de ingresos mensuales superior a 1,5 veces el IPREM.
m) Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras
Elevaremos el impuesto de construcciones a los
siguientes tipo de obras:
A)Hipermercados, mercados
y supermercados.
b)
Hoteles de 4 y 5 estrellas.
c)
Jardines privados.
d)
Piscinas al aire libre.
e)
Viviendas unifamiliares.
Revisaremos la Gestión de Sistemas de Información
Geográfica (SIG), para la mejora en la clasificación del suelo y las
referencias catastrales para disminuir los márgenes de fraude en el Impuesto de
Bienes Inmuebles.
Crearemos
un impuesto que grave los inmuebles vacíos de nueva construcción con una
antigüedad superior a los dos años, para evitar la especulación inmobiliaria. Estableceremos
recargos en el IBI sobre la propiedad de solares vacíos en función del tiempo
de retención del bien.
Crearemos
un censo de solares y viviendas vacías para garantizar su adecuado tratamiento
fiscal.
Estableceremos deducciones
fiscales a favor de los titulares de
bienes inmuebles que acometan obras de
rehabilitación en viviendas vacías.
Mantendremos las desgravaciones fiscales dirigidas a las familias
numerosas y las edificaciones que incorporen sistemas de energía respetuosos
con el medio ambiente.
Crearemos incentivos fiscales para las empresas
que fomenten prácticas de conservación con el medio ambiente y la contratación
laboral indefinida.
Aumentaremos los tipos a aplicar en el impuesto de
plusvalía sobre las ventas de inmuebles que se realicen en un periodo inferior
a dos años desde su adquisición para frenar la especulación, a partir de 2012.
Elevaremos
la presión fiscal sobre las empresas que desarrollen actividades contrarias a
la conservación del medio ambiente.
Potenciaremos
una “fiscalidad verde” como instrumento para vigilar la conservación y el
mantenimiento de nuestro entorno y de nuestra salud.
Aprobaremos
una ordenanza que penalice la emisión de dióxido de carbono a las grandes
superficies.
Impulsaremos la diversificación de la actividad
productiva y comercial del Centro
Especial de Empleo “La Encina”.
Eliminaremos
los recortes salariales que han sufrido los empleados y empleadas públicas de
cara a futuros ejercicios.
Potenciaremos
los servicios municipales de inspección tributaria para luchar contra la
economía sumergida y el fraude fiscal.
Intensificaremos
los instrumentos de para la prevención y reducción del fraude fiscal, para
hacer realidad el principio según el cuál “si pagamos todos, pagaremos menos.”
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