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Art. 31.1. Constitución Española.

“Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad...”


El continuo deterioro de las cuentas municipales tiene una de sus causas en el sistema de financiación local que margina a los Ayuntamiento en la asignación de los recursos públicos e impide el cumplimiento efectivo de las competencias que la legislación atribuye a los entes locales. 
Si bien lo anterior excede las competencias de nuestro municipio, también es cierto que la situación del balance de ingresos y gastos del Ayuntamiento de Mérida es consecuencia de una política impuesta por el Gobierno de la Nación, reproducida sin complejos por el gobierno de Pedro Acedo, en la que la obsesión del control del déficit ha transformado los objetivos de las políticas públicas en un mero instrumento de control del gasto, más allá de otras consideraciones como la prestación de servicios públicos de calidad o la atención a los más necesitados, y esto,  en el marco de la mayor crisis económica, social y política del capitalismo español.
Un diseño irresponsable de los impuestos municipales y la privatización del sector públicos municipal son las señas de identidad de la filosofía practicada por el Partido Popuar en la gestión de las cuentas de nuestro Ayuntamiento.
El resultado se muestra como una evidencia a largo de toda la legislatura: el aumento indiscriminado de las impuestos y tasas municipales, y el control por parte de empresas privadas de la gestión de servicios públicos esenciales para la comunidad, sin control sobre el resultado de la gestión o las decisiones adoptadas. El deterioro de la calidad de los servicios públicos, el aumento del coste, y el emperamiento de las condiciones laborales de los trabajadores han sido algunas de las constantes sobre el resultado de este modelo de privatización de los servicios públicos por parte del PP.
El mensaje ímplicito del modelo impuesto por el Partido Popular puede resumirse del siguiente modo: la única manera de garantizar la gestión de los servicios públicos pasa por la necesidad de que lo gestionen otros, y no el PP.
Frente a este situación,  la defensa del sector público, la intensificación de las funciones de control e inspección de la gestión de las empresas que gestionan los servcios públicos privatizados, la devolución de las competencias que no son propias del municipio, la lucha contra el fraude y un marco fiscal sostenido sobre el principio de la proporcionalidad para que paguen más los que más tienen, son algunos de los aspectos centrales de las orientaciones sobre las que Izquierda Unida pretende construir otra forma de entender los gastos e ingresos que debe generar el Ayuntamiento de Mérida.

Por un modelo más justo y participativo.


Llevaremos a cabo una auditoría de las deudas contraídas y los principales gastos realizados por el Ayuntamiento, cualquiera que sea su origen, para detectar posibles irregularidades, especialmente en materia de contratación administrativa.
Exigiremos el abono de las deudas contraídas por otras administraciones con el Ayuntamiento de Mérida.
Potenciaremos la introducción de mecanismos de participación de los agentes sociales y las AAVV en la elaboración de los presupuestos municipales.

La mejor gestión del gasto es evitar el despilfarro.

Elaboraremos una nueva revisión de la ponencia catastral con el personal municipal vinculado a este tipo de materias.
Reduciremos las retribuciones percibidas por el alcalde y los concejales liberados a un máximo del 10% superior al salario medio de los funcionarios de carrera municipales que desarrollan sus funciones en puestos para los que sea necesario disponer de titulación universitaria superior.
Implementaremos sistemas de compras centralizadas para propiciar el ahorro en la adquisición de bienes de equipo por parte del Ayuntamiento.
Implantaremos  sistemas de software libre en la administración municipal para evitar los gastos asociados a la adquisición de licencias informáticas.
Elaboraremos un catálogo de gastos suntuarios de la Administraciones Públicas, cuya ejecución esté prohibida, y de un código ético para la aceptación de regalos.
Limitaremos las partidas presupuestarias destinadas a  publicidad institucional, salvo las dedicadas a la promoción turística de la ciudad,  los programas de sensibilización social, y las derivadas del cumplimiento de exigencias legales.
Eliminaremos la publicación de “Boletines Municipales”, que hasta la fecha sólo han servido como instrumento de propaganda de los distintos gobiernos.
Adecuaremos las retribuciones de los empleados y empleadas del  Ayuntamiento a las características de los puestos desempeñados.

Los ingresos y la justicia fiscal. Que paguen más lo que más tienen.

a) Impuesto de Actividades Económicas. (IAE)

Aumentaremos el número de categorías fiscales de las vías públicas que definen la aplicación de los coeficientes del impuesto de actividades económicas, de cuatro a siete. De este modo, podremos distinguir con mayor precisión áreas de actividad económica con diferentes niveles de ingreso, y por tanto discriminar las obligaciones fiscales en virtud de la capacidad económica.
Utilizaremos el valor catastral medio de los bienes inmuebles como criterio de clasificación de las distintas calles dentro de las respectivas categorías fiscales a las que atiende el impuesto de actividades económicas.
Determinaremos el importe a pagar en cada una de las áreas en función del valor catastral medio de cada una de ellas.
Limitaremos la extensión temporal de las exenciones a los mínimos establecidos por la ley para los negocios recién creados, es decir durante los primeros cinco años.

b) Impuesto de Bienes Inmuebles.

Aprobaremos una nueva ponencia de valores que establezca el valor real de tu vivienda a la hora de determinar el importe que deberás pagar en concepto de IBI
Subiremos el IBI para los inmuebles que, en cada uno de los siguientes usos catastrales,  superen los valores que mostramos a continuación. Las viviendas quedan excluidas de este aumento:

1-. Hoteles, con valor catastral superior a 1.000.000€.  Esta medida afectará a las 7 instalaciones hoteleras con mayor capacidad de negocio.
2-. Oficinas, con un valor catastral superior a 250.000€. Esta medida afectará a 50 propietarios, la mayor parte de ellos grandes empresas, entidades de crédito, aseguradoras y Junta de Extremadura
3-. Industrial, con un valor catastral superior a 250.000€. Esta medida supondrá un aumento del IBI que deben pagar los 74 propietarios de suelo industrial con mayor valor catastral de la ciudad.
4-, Comercial, con valor catastral superior a 150.000€. Esta subida afectaría a los propietarios de los 140 inmuebles comerciales con mayor valor, y disminuiría el recibo del IBI a 40 propietarios cuyas propiedades incluidas en el uso industrial tienen valores catastrales inferiores a los 150.000€.

Incluiremos los inmuebles con uso catastral deportivo, como son la Ciudad Deportiva y el Campo de Golf de Don Tello, entre aquellos a los que les aplicaremos un IBI más elevado.


c) Transporte Urbano.

Estableceremos la gratuidad del servicio de autobuses urbanos para los miembros de las familias con ingresos menores al IPREM, y discapacitados.

d) Tasa por la utilización de instalaciones de titularidad municipal.

Aprobaremos la gratuidad para el uso de instalaciones deportivas municipales para todas las personas sin empleo emancipadas, y aquellos de sus familiares -cónyuges e hijos- que carezcan de trabajo con los que mantenga relación de convivencia en el hogar familar..
Eliminaremos la obligación de pagar esta tasa para las asociaciones deportivas sin ánimo de lucro domiciliadas en nuestra ciudad.

e) Función Pública.

Izquierda Unida se compromete a adoptar las medidas necesarias para que los empleados y empleadas municipales recuperen el poder adquisitivo perdido con las medidas de austeridad adoptadas e impuestas por el Gobierno central y asumidas por el Gobierno de Pedro Acedo, en función de las disponibilidades presupuestarias.

Estableceremos la exención de tasas en la Oferta Publica de Empleo para los desempleados.
Cumpliremos con los cupos de inserción de personas con discapacidad tanto en las empresas locales como en las administraciones publicas.

f) Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

Estableceremos  las siguientes bonificaciones en función de las características de los motores en función de su incidencia contaminante:

a) El 75% de la cuota del impuesto, durante los cinco primeros años desde la fecha de su matriculación, los vehículos totalmente eléctricos y los vehículos impulsados exclusivamente con energía solar.
b) El 60% de la cuota del impuesto, durante los cinco primeros años desde la fecha de su matriculación para los vehículos bimodales o híbridos (motor eléctrico-gasolina, eléctrico-diesel o eléctrico-gas).
c) El 55% de la cuota del impuesto, durante los cinco primeros años desde la fecha de su matriculación, para los vehículos que utilicen exclusivamente combustible biogás, gas natural, gas líquido, metano, metanol, hidrógeno o derivados de aceites vegetales.

Incrementaremos la presión fiscal sobre los automóviles de gran cilindrada y las motos de más de 1.000 cc, en los términos establecidos en la Ley de Haciendas Locales.

g) Pago de la zona azul.

Eliminaremos la zona azul de las calles adyacentes al Hospital.

h) Tasa de recogida de la basura


Devolveremos la gestión del servicio al Ayuntamiento para evitar el pago del beneficio industrial a la empresa concesionaria, reducir el importe de los gastos generales y así proceder a la disminuición del precio del recibo en función del ahorro obtenido.



i) Tasa sobre el abastecimiento de agua potable y alcantarillado.

Estableceremos una tarifa social de agua para las familias en riesgo de exclusión social que no superará el importe de cinco euros.
Ampliaremos el número de tramos en el pago de la tasa para vincular el coste del recibo con el nivel real de consumo, con el objetivo de que pague más el  que más consuma,  y evitar el despilfarro en su consumo.

k) Tasa por la prestación del servicio de ayuda a domicilio.

Eliminaremos esta tasa para los usuarios y usuarias que no superen un nivel de ingresos mensuales superior a 1,5 veces el IPREM.

m) Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras

Elevaremos el impuesto de construcciones a los siguientes tipo de obras:
A)Hipermercados, mercados y supermercados.
b)  Hoteles de 4 y 5 estrellas.
c)  Jardines privados.
d)  Piscinas al aire libre.
e)  Viviendas unifamiliares.
Revisaremos la Gestión de Sistemas de Información Geográfica (SIG), para la mejora en la clasificación del suelo y las referencias catastrales para disminuir los márgenes de fraude en el Impuesto de Bienes Inmuebles.
Crearemos un impuesto que grave los inmuebles vacíos de nueva construcción con una antigüedad superior a los dos años, para evitar la especulación inmobiliaria. Estableceremos recargos en el IBI sobre la propiedad de solares vacíos en función del tiempo de retención del bien.
Crearemos un censo de solares y viviendas vacías para garantizar su adecuado tratamiento fiscal.
Estableceremos deducciones fiscales a favor de  los titulares de bienes inmuebles  que acometan obras de rehabilitación en viviendas vacías.
Mantendremos las desgravaciones fiscales dirigidas a las familias numerosas y las edificaciones que incorporen sistemas de energía respetuosos con el medio ambiente.
Crearemos incentivos fiscales para las empresas que fomenten prácticas de conservación con el medio ambiente y la contratación laboral indefinida.
Aumentaremos los tipos a aplicar en el impuesto de plusvalía sobre las ventas de inmuebles que se realicen en un periodo inferior a dos años desde su adquisición para frenar la especulación, a partir de 2012.
Elevaremos la presión fiscal sobre las empresas que desarrollen actividades contrarias a la conservación del medio ambiente.
Potenciaremos una “fiscalidad verde” como instrumento para vigilar la conservación y el mantenimiento de nuestro entorno y de nuestra salud.
Aprobaremos una ordenanza que penalice la emisión de dióxido de carbono a las grandes superficies.
Impulsaremos la diversificación de la actividad productiva y comercial  del Centro Especial de Empleo  “La Encina”.
Eliminaremos los recortes salariales que han sufrido los empleados y empleadas públicas de cara a  futuros ejercicios.
Potenciaremos los servicios municipales de inspección tributaria para luchar contra la economía sumergida y el fraude fiscal.

Intensificaremos los instrumentos de para la prevención y reducción del fraude fiscal, para hacer realidad el principio según el cuál “si pagamos todos, pagaremos menos.”

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