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Artículo 35 Constitución Española.

“Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.”

Artículo 128. Constitución Española.

“Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.” 
“Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante Ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.”
Las entidades locales carencen de competencias legales en materia de empleo.  A pesar de ello, la superación del marco actual que mantiene a más de 8.000 emeritenses sin trabajo la convierte en la principal preocupación de cualquier equipo de gobierno dispuesto a asumir las riendas de nuestras ciudad. En Izquierda Unida-Mérda, entendemos la economía como un instrumento que tiene como único fin la administración racional de  recursos limitados para la consecución de un nivel óptimo de  bienestar para los trabajadores y trabajadoras. Para ello, la gestión pública de los servicios esenciales, la protección del pequeño comercio y los autónomos, así como la potenciación de las tareas vinculadas a la conservación medioambiental, la protección de nuestro patrimonio histórico o el impulso de los servicios vinculados a la ley de la dependencia, son los fundamentos prácticos sobre los que se articulan las medidas que plantea IU como los ejes esenciales de su política económica para la ciudad de  Mérida, y entre las que destaca la presentacion de un Plan de Trabajo Garantizado, como propuesta provisional para la situación de emergencia social que sufre el panorama laboral de nuestra ciudad.





Una economía dirigida a la cohesión social.

Desarrollaremos un Programa de Trabajo Social Garantizado.
Realizaremos programas de empleo público destinados a parados de larga duración y miembros de familias sin ingresos, o en riesgo de exclusión social.
Crearemos “bolsas de empleo local” con cláusulas sociales sensibles a las especiales dificultades y necesidades de determinados colectivos, haciendo especial hincapié en las medidas destinadas a las personas que más lo necesitan.
Apostaremos por la gestión municipal  del servicio de recogida de basura, tratamiento de residuos, limpieza viaria y conservación y mantenimiento de zonas verdes.
Recuperaremos la gestión municipal de la limpieza de los centros públicos del Ayuntamiento, una vez concluido el contrato vigente.
Impulsaremos la gestión directa de los servicios públicos desde el Ayuntamiento, con personal propio.
Evitaremos las concesiones administrativas por períodos largos, que imposibilitan controles municipales eficaces y se convierten en privatizaciones definitivas encubiertas.
Prestaremos avales a los proyectos cooperativos que se consideren social y económicamente viables, como instrumento de fomento de la economía social.
Impulsaremos el pequeño comercio como instrumento para la cohesión social y la creación de empleo en nuestra ciudad.
Facilitaremos apoyo técnico para la constitución de empresas de economía social. Promoveremos el conocimiento de las cooperativas de trabajo y sociedades laborales, y su consolidación.
Promoveremos el empleo dedicado a tareas medioambientales y el destinado a la conservación, mantenimiento, restauración y catalogación de nuestro patrimonio histórico, arqueológico y cultural.
Reordenaremos el suelo del Polígono “El Prado” para la instalación de cooperativas, así como un plan de mejora de las infraestructuras y mobiliario urbano del Polígono Industrial.
Aseguraremos la consecución del equilibrio territorial en las inversiones efectuadas en las distintas barriadas, con el propósito de alcanzar niveles de bienestar y equipamientos homogéneos en todas las zonas de nuestra ciudad.

La mejor política económica es la creación de empleo.

Promoveremos el empleo público vinculado a labores medioambientales, y de conservación de nuestro patrimonio histórico y monumental.
Impulsaremos el empleo directo con la extensión de los servicios relacionados con el desarrollo de la ley de dependencia.
Crearemos talleres de inserción social y formación profesional, especialmente dirigidos a las minorías,  vecinos y vecinas residentes en las barriadas más deterioradas de la ciudad.
Implantaremos  Planes de Empleo Local que obvien criterios de competitividad y adopten criterios objetivos de inserción social, como son: bajos niveles de renta, falta de cualificación o experiencia profesional, pertenencia a minorías étnicas o colectivos que sufran situaciones de exclusión social.
Organizaremos cursos de formación gratuitos destinados a empresarios que impulsen prácticas y estrategias socialmente integradoras.
Desincentivaremos la contratación a través de ETT´s, sobre todo en el ámbito del empleo juvenil.
Implantaremos cursos de capacitación laboral y lingüística para los colectivos de inmigrantes.

Una economía en defensa de los autónomos.

Impulsaremos el pequeño comercio como instrumento para la cohesión económica y social de los barrios.
Crearemos un parque municipal de locales comerciales para su cesión en régimen de alquiler a bajo precio para jóvenes y autónomos, especialmente en las zonas de nueva construcción y de bajo desarrollo económico, o déficit en el de oferta de bienes y servicios.
Incluiremos la construcción de locales comerciales en la planta baja de todas las promociones de VPO.
Introduciremos cláusulas sociales en los procesos de contratación pública a favor de los autónomos y las pequeñas empresas.
Apoyaremos la creación de Cooperativas de Comercialización que permitan la agrupación de la oferta frente a las grandes superficies y la venta directa a los consumidores.

La práctica de una contratación pública coherente con nuestros principios.

Revisaremos  los procedimientos de adjudicación, prestaciones y precios  de servicios públicos privatizados, tales como el servicio de agua y alcantarillado, la zona azul, el alumbrado público, etc.
Aumentaremos las condiciones de las penalizaciones de los contratos celebrados con empresas privadas hasta el 10% del precio anual del contrato, que tengan su causa en incumplimientos graves de las condiciones de ejecución de las prestaciones acordadas.
Garantizaremos el ejercicio de las funciones de inspección y control sobre las empresas privadas que gestionen servicios públicos para evitar irregularidades o situaciones  de fraude o corrupción.
Incluiremos mecanismos de valoración de las ofertas en términos de huella ecológica, o vinculación entre los niveles de contaminación y la utilización de variables como la distancia y los medios de transporte necesarios para la prestación del servicio. 
Introduciremos cláusulas en los pliegos de condiciones técnicas y administrativas de los contratos públicos que favorezcan a las cooperativas y las empresas de economía social y a aquellas que dispongan de un mayor porcentaje  de contratos laborales indefinidos entre sus plantilla de trabajadores.
Rechazaremos la contratación a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT) y las concesiones administrativas de empresas que los usen.
Impediremos la adjudicación de contratos públicos a las empresas que no promuevan la contratación laboral estable o que manifiesten comportamientos contrarios a los derechos de los trabajadores.
Estableceremos un Plan de Contratación Pública Verde, y sistemas de certificación medioambiental,  para garantizar que el gasto público se ajusta a las exigencias que requiere la conservación del medio ambiente.  
Impediremos la participación en los procesos de contratación pública de todas aquellas empresas en las que se produzcan situaciones de discriminación salarial por razón del género, raza, creencia, condición sexual o por cualquier otra circunstancia personal o social.
Introduciremos  cláusulas sociales en los procesos de licitación para la adjudicación de servicios, obras, suministros o asesoramiento a favor de las empresas que cuente en su plantilla con una presencia femenina de al menos el 50%.
Fomentaremos la adjudicación de contratos públicos para aquellas empresas, sociedades o cooperativas que empleen a personas con capacidad física o psíquica reducida.
Restringiremos en todo lo posible la utilización de la modalidad de procedimiento negociado sin publicidad, como modalidad de adjudicación de contratos administrativos públicos.
Diversificaremos la composición de las mesas de contratación para ampliar los criterios de adjudicación de los contratos públicos, introduciendo nuevas variables de acuerdo con el objeto de la adjudicación.
Dotaremos de mayor pluralidad a las mesas de contratación a la hora de determinar su composición para evitar prácticas de “amiguismo” o “favoritismos”  en la contratación de bienes, obras, suministros o servicios por parte de la administración local.
Eliminaremos la participación de responsables políticos en las mesas de contratación.
Rechazaremos la subcontratación en la ejecución de concesiones administrativas y la ejecución de las prestaciones vinculadas a los servicios públicos, que tan sólo provoca el aumento de la precariedad laboral, la disminución de los salarios, y el debilitamiento de los mecanismos administrativos de control sobre las condiciones y resultados de ejecución de los servicios contratados.

Daremos prioridad absoluta a baremos de contratación que valoren la estabilidad en el empleo. 

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