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Un ayuntamiento dedicado a la  integración. Luz, agua y gas, derecho universal.

            La actividad y las iniciativas políticas viene definidas por las prioridades y principios de cada formación política. Mientras otros ponen en el acento en la estabilidad presupuestaria y el pago de la deuda contraía por los bancos, en IU-Mérida somos absolutamente conscientes del papel que deben desempeñar los poderes públicos como instrumentos al servicio de los trabajadores, con un dos objetivo centrales:  procurar el máximo bienestar posible, y servir como instrumento de redistribución de la riqueza, y contra la exclusión social. Es por eso que la política social se convierte en uno de los elementos centrales de nuestro programa y de nuestras actividad.
            Por ello, la aprobación de una ordenanza municipal contra la pobreza energéntica y las situaciones de emergencia social, constituye un imperativo para la nuestra organización y un objetivo prioritario para la próxima legislatura.  Nuestra idea se sencilla de entender y de formular, una sociedad civilizada no puede permitir que ninguno de sus miembros no tenga cubiertas las necesidades más básicas y elementales como son el acceso al agua potable, la electricidad, o la alimentación.
            El diseño de las políticas sociales debe contemplar las consideraciones que se deducen de una realidad cada vez más compleja y plural, y que encuentra otro factor añadido de agravamiento en los efectos de la grave crisis económica en la que nos encontramos en estos momentos. De un modo u otro, el diseño de las políticas sociales debe atender a una filosofía integral e integradora, en la que los servicios sociales de base son sólo un eslabón más de la cadena.
            Las causas sociales y económicas que generan la pobreza, o la exclusión social de ningún modo van a encontrar su solución mediante la aplicación exclusiva de las políticas desarrolladas desde los servicios sociales, aunque podamos encontrar en ellos uno de los fundamentos con los que contrarrestar las desigualdades de todo tipo de que se generan en una ciudad como la nuestra.
            Por todo esto, IU considera que la política social incluye ámbitos de actuación de carácter multidisciplinar en los que encuentra un lugar especial las iniciativas orientadas  a la consecución de la igualdad para los colectivos que en mayor grado la sufren la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones.
            Desde la Asamblea local de IU en Mérida proponemos las siguientes medidas: 

O cabemos todos, no cabe nadie.

Garantizaremos el acceso a los Servicios Sociales Municipales de todas las personas sin distinción alguna, al margen de su situación legal.
Estableceremos un servicio de intermediación y asistencia para garantizar los derechos de las personas afectadas por procedimientos de desahucio, frente a bancas, cajas de ahorro y administraciones públicas, en su caso.
Eliminaremos la pobreza energética, garantizando el suministro de agua, luz y gas a todas las familias sin ingresos, hasta un estándar de consumo digno, mediante la aprobación de una ordenanza municipal destinada a la protección de derechos vitales básicos. 
Incrementaremos el personal administrativo dedicado a la tramitación de las prestaciones de la renta básica de inserción, disminuyendo las plantillas de los servicios municipales con menor carga de trabajo, como por ejemplo el destinado en la delegación de urbanismo.
Aumentaremos de la plantilla de trabajadores y educadores sociales dedicados al programa de familia, al menos a niveles equiparables a los existentes con anterioridad a los despidos realizados por el Partido Popular durante esta legislatura.
Aprobaremos de una tarifa social del agua, destinada a las familias y hogares sin ingresos o en riesgo de exclusión.
Elaboraremos una carta de servicios con el objeto de informar a los ciudadanos sobre el conjunto de los derechos, servicios y prestaciones que ofrece la administración municipal y así aumentar el número de beneficiarios.
Crearemos una oficinas o ventanillas únicas de atención a las personas migrantes para informar y facilitar las tramitaciones (renovaciones de residencia, reagrupación familiar, inscripción en el censo electoral…).
Crearemos una Concejalía de Igualdad que aglutine los servicios competentes en materia de servicios sociales, mujer, infancia e inmigración.
Construiremos centros de día con actividades dirigidas a la promoción del ocio y la creatividad de nuestros mayores en cada uno de los distritos.
Promoveremos la construcción de un centro de atención a enfermos de alzheimer, al igual que en otros municipios como Montijo o Don Benito.
Crearemos un centro de atención permanente para atender las urgencias vinculadas al área de los servicios sociales.
Incrementaremos la plantilla de personal dedicado a la prestaciones propias de la Ley de Dependencia, y particularmente al servicios de ayuda a domicilio, teleasistencia, y apoyo a las familias al cuidado de sus mayores, a pesar de no encontrarse en el ámbito competencias  de las corporaciones locales.
Potenciaremos la creación de empleos directos dedicados al desarrollo de actividades deportivas, lúdicas y culturales en a través de los centros escolares y centros de día.
Adecuaremos el horario de atención al ciudadano de los servicios sociales a las necesidades del ciudadano, ampliando su cobertura al horario de tarde
Dotaremos al polígono “El Prado” de una guardería infantil para niños de 0 a 3 años, para mejorar la conciliación de la vida laboral y la familiar.
Pondremos en práctica planes de inserción social en las barriadas con mayores problemas de exclusión social, en colaboración con sus Asociaciones de Vecinos, con especial atención al problema del desempleo.
Potenciaremos los recursos de los centros de atención a transeúntes, y de atención al inmigrante.
Promoveremos las actividades en los centros escolares dirigidas al fomento del voluntariado social.

Un municipio solidario con sus mayores.

Promocionaremos la creación de residencias públicas de mayores.
Potenciaremos las inspecciones de las residencias de mayores públicas y privadas para garantizar la equidad y la calidad del servicio.
Facilitaremos viviendas de protección oficial  con contratos de carácter vitalicio, destinados a los mayores, cuya adjudicación y precio de alquiler se determinará en función de los ingresos o patrimonio de los adjudicatarios.

Los emeritenses y los “nuevos extremeños”.

Garantizaremos el acceso a los servicios sociales y al conjunto de los bienes y servicios ofrecidos por el Ayuntamiento entre la población inmigrante que resida en nuestra ciudad.
Impulsaremos los mecanismos de atención a la población inmigrante para atender sus necesidades específicas (idioma, empleo, regularización administrativa, solicitudes de asilo político..).
Crearemos talleres de capacitación lingüística para mejorar las condiciones de integración social y laboral de la población migrante.
Adaptaremos las actuaciones formativas a las necesidades y características de la población migrante.
Garantizaremos una distribución homogénea de los escolares extranjeros  en los centros educativos de toda la ciudad, dentro de los límites establecidos por la legislación autonómica..
 Fomentaremos una cultura de convivencia sobre los principios de la interculturalidad y el respeto al otro.
Implicaremos a otras administraciones públicas en el mantenimiento de pisos tutelados de acogida provisional para la puesta en marcha de programas de intervención con la población migrante sin recursos y/o en riesgo de exclusión social.

Una ciudad para todos.

Evaluaremos el grado de cumplimiento  de los edificios públicos en materia de accesibilidad. 
Continuaremos con la implantación en de la “plataforma única” para facilitar los desplazamientos de las personas que sufran movilidad reducida.
Introduciremos cláusulas sociales en los procedimientos de contratación pública que favorezcan a las empresas , sociedades y cooperativas que incluyan en su plantilla a personal con  sus capacidades físicas o psíquicas reducidas.

Garantizaremos el cumplimiento de las obligaciones legales relativas al cupo mínimo de contratación de personas con sus capacidades físicas o psíquicas reducidas.

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