Los datos sobre la dotación de personal facilitados por la propia empresa pone en tela de juicio uno de los argumentos en los que se fundamentaba la privatización y la creación de la zona azul, que no era otro si no el mantenimiento de los puestos de trabajo y la creación otros nuevos.
Por el contrario, según el pliego técnico que regula las normas de ejecución del servicio, en enero de 2013 la plantilla se componía de 69 trabajadores y trabajadoras, a pesar de que por aquel entonces no estaba en funcionamiento de la zona azul, que en la actualidad emplea a 10 personas.
A pesar del establecimiento de la zona azul, y de la creación de los puestos encargadas de su vigilancia, el conjunto de los servicios que en la actualidad gestiona Vectalia como adjudicataria de la privatización, la reducción de la plantilla a afectado a un tercio del personal que se encontraba adscrito a los distintos servicios que ahora se encuentran privatizados.
Así, la opción por la privatización de estos servicios no solo ha afectado negativamente a las condiciones laborales de los trabajadores, sino que además resulta lesivo desde el punto de vista del mantenimiento del empleo, y por tanto a la calidad del servicio.
La puesta en marcha de este servicio con arreglo a las normas que regulan la ejecución del proceso de privatización ha provocado una reducción de servicios que se ha trasladado inmediatamente en la disminución de los empleados en nómina, pero que no encuentra en aquí su única causa, ya que la disminución de la plantilla es una realidad desde hace tiempo
A esto debe sumarse que el coste del servicio abonado por el Ayuntamiento se calculó con arreglo a la plantilla de la que gozaban los distintos servicios incluidos en el contrato (a excepción de la zona azul, de nueva creación), por lo que entendemos que la reducción de la plantilla debería haberse traducido en una disminución paulatina de las cantidades abonadas por el Ayuntamiento a la empresa.
Estos datos viene a poner de manifiesto las consecuencias sobre el empleo de un modelo de gestión que perjudica las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras, reduce la calidad del servicio en perjuicio de todos, salvo de la empresa concesionaria que resulta la única beneficiaria de la privatización.
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